Transferidos 500 millones a las CCAA para levantar pisos de alquiler asequible
La ministra de Transportes afirma que ayer ordenó el traspaso con el objetivo de desarrollar 10.000 viviendas sociales
El Gobierno ya ha realizado la transferencia de 500 millones de euros para la construcción de viviendas sociales, como parte de las medidas de su cartera para facilitar el acceso de las poblaciones más vulnerables.
«Ayer mismo ordenamos el traspaso de 500 millones de euros a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para la construcción de 10.000 viviendas sociales de alquiler asequible. Es la mitad de la partida de 1.000 millones de euros que el Plan de Recuperación destina para este objetivo», ha explicado Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en su intervención en un Desayuno Informativo organizado por la agencia Europa Press.
Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las cuatro regiones que recibirán el mayor presupuesto, según datos del Ministerio:
Además, esta semana el Gobierno también ha dado luz verde al reparto de los fondos que acordó con la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo a principios de febrero y ha anunciado que el organismo lo aprobará de forma definitiva el próximo 9 de marzo. A partir de entonces, el Estado realizará las transferencias a las CCAA para que proceden a convocar las ayudas del Plan de Vivienda 2022-2025 y el bono joven del alquiler. Andalucía, Madrid y Cataluña son las que copan más presupuesto.
La ministra ha defendido la vivienda como «eje central del Estado del Bienestar» y como uno de los pilares de su cartera, y ha lamentado que haya sido «la gran asignatura pendiente» de España durante décadas.
Sánchez ha recordado que las políticas en materia de vivienda ocupan un papel central en el Ministerio y que recientemente se ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2022-2026 y se está impulsando un Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible con el objetivo de incrementar el parque público en 100.000 viviendas, procedentes tanto de la promoción directa como de la concertación con agentes privados.
Para ello, el Ministerio va a destinar a vivienda en los próximos años 10.000 millones de euros, una «cantidad importantísima» que se destinará a la promoción de vivienda social, a las ayudas a las población frágil y a la rehabilitación. «Será posible gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)», ha señalado.
La Ley de Vivienda, «ni ataca la propiedad privada ni invade competencias de las comunidades autónomas»
La ministra ha defendido en el mismo evento el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, que ya se ha remitido al Congreso para su tratamiento parlamentario. «Estoy orgullosa de esta ley porque es solvente, es rigurosa, y constitucionalmente irreprochable», ha dicho Sánchez durante su intervención.
También ha defendido la normativa frente a los ataques de la oposición y las críticas del sector inmobiliario. La Ley de Vivienda «ni ataca la propiedad privada ni invade competencias» de las comunidades autónomas, y además ha destacado que fomentará elparque público de vivienda y fijará los patrones para proporcionar casas dignas y asequibles.
«El mercado ha sido incapaz de ofrecer soluciones a muchos españoles. La especulación ha campado a sus anchas en determinadas zonas. La ley viene a corregir eso, a ofrecer seguridad a los propietarios y a los inquilinos», ha subrayado la ministra, enfatizando que todos sufren los problemas del alquiler o del acceso a la compra.
La Ley de Vivienda forma parte de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), es decir, está comprometida su aprobación con la Comisión Europea, que el Gobierno espera tener aprobada tras este verano.
Pero el Gobierno de Pedro Sánchez se está encontrando con más de un obstáculo para su aprobación definitiva. Primero, con las propias discrepancias dentro el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos, que retrasaron el texto del Anteproyecto. Luego con el informe preceptivo negativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en su análisis halló una invasión de competencias autonómicas por parte del Estado.
El texto remitido al Congreso de los Diputados “se ajusta formalmente a algunas cuestiones, clarificando el marco de la competencia y la cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado», aclararon desde el MITMA.
Ahora, en el debate parlamentario, el Ejecutivo debe encontrar el apoyo de los socios de investidura para lograr el visto bueno de la Cámara Baja. PNV, Junts y el PDeCAT han registrado en el Congreso enmiendas de devolución al proyecto de Ley de Vivienda con la intención de tumbar la iniciativa en su primera votación, al igual que PP y Ciudadanos. Mientras, ERC ha optado por una propuesta alternativa.